La ley de la segunda oportunidad es una ley poco conocida. Esto hace que muchas personas físicas y autónomos no conozcan de su existencia. Además, los requisitos para acogerse a la misma dificultan que muchas personas y autónomos puedan iniciar este procedimiento legal.
El objetivo de la ley, aprobada en 2015, es liberar de deudas a autónomos y particulares con problemas económicos. Pero, solo en los casos donde se constate la buena fe del deudor, comprobando que la situación ruinosa no fue consecuencia de ningún delito económico ni de una mala gestión empresarial.
¿Consigue la ley sus objetivos?
Desde la aprobación de la misma en 2015, según un estudio realizado con los datos del INE (Instituto nacional de estadística), unos 19.500 particulares y autónomos se han beneficiado de la ley. Esta cifra contrasta con los más de 100.000 casos registrados en Francia y Alemania con medidas similares a la ley de la segunda oportunidad.
Además, recientes estudios indican que el 42% de los que se acogen a la ley son particulares con problemas económicos e incapaces de solucionarlos. Y el 58 % son autónomos con deudas a Hacienda y a la Seguridad Social. Esto permite observar que hay muchos autónomos que aún no utilizan este sistema judicial.
Esta diferencia hace plantearse si la norma está fracasando. La exigencia en los requisitos para poder acogerse a la ley es quizá la causa principal que impida la aplicación de la misma. En muchas ocasiones, al finalizar el proceso deben continuar pagan alguna parte de la deuda y gastos del concurso anterior.
Para lograr que sea una ley tan conocida y accesible como las usadas en Francia y Alemania, se deben llevar a cabo una serie de cambios y mejoras. Consiguiendo una ley que sea realmente una segunda oportunidad para las personas y autónomos que han adquirido deudas a las que no pueden hacer frente.
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